Una sociedad libre, democrática y bien gobernada permite dar los pasos históricos necesarios para la promoción de la equidad de género y el desarrollo de las mujeres. A la inversa, una sociedad civil fuerte (en su doble papel de legitimar y supervisar la acción del Estado) y el apoyo social a los movimientos de mujeres son premisas necesarias para hacer evolucionar las sociedades hacia otras más igualitarias, en las que no quepa la discriminación.

En el Magreb, el impacto de los movimientos por la liberación de la mujer varía de un país a otro. Como ya hemos mencionado, la participación de las mujeres en los movimientos nacionales reforzó a los ojos de la sociedad la legitimidad de sus reivindicaciones políticas y sociales, aunque tras la independencia éstas fueron aplazadas (como ocurrió en Argelia) para una fase posterior de los procesos de reconstrucción nacionales. En general, al inicio de la andadura de los nuevos Estados, persistía en todos ellos la desigualdad en las relaciones de poder en el seno de la familia y la discriminación social.

En lo que respecta a la equidad de género (igual que en otras políticas sociales), los cambios pueden venir a iniciativa de los Gobiernos (a través de un posicionamiento claro de defensa y promoción de los derechos de las mujeres desde arriba), o ser fruto de las reivindicaciones y luchas de los colectivos sociales, que ejercen presión desde abajo para influir en el cambio de las políticas discriminatorias.

Como hemos visto hasta el momento, el único Estado en la región magrebí que ya desde el comienzo de la descolonización rompió con el status quo de género fue Túnez. Desde 1959 la legislación tunecina rehabilita a la mujer en el marco familiar, liberándola de las tutelas y privilegios masculinos arbitrarios. Si bien la aplicación práctica de esta legislación encuentra dificultades debido a la pervivencia de determinados valores patriarcales en el seno de la sociedad, el mero hecho de dar amparo jurídico a la igualdad de hombres y mujeres asienta una base firme para la lucha por lograr una equidad real. En este sentido, el siguiente paso incluiría el diseño de políticas públicas que promuevan esta igualdad efectiva, pero el contexto actual de ascenso del fundamentalismo religioso musulmán (con una visión conservadora e inmovilista del Islam) no facilita la promoción de este tipo de políticas.

En el resto de países de la zona, los esfuerzos que se realizan desde los movimientos de mujeres y los sectores más progresistas de la población, tienen como objetivo prioritario la eliminación de las barreras legales que consolidan desde el propio Estado la existencia de discriminación. El hecho de que estos movimientos hayan puesto a los Códigos de Estatuto Personal y de Familia en el centro de sus reivindicaciones, ha instado a los Estados magrebíes a dar pasos tangibles hacia la mejora de las leyes de familia y la legislación en materia de matrimonio y divorcio. De
nuevo, el discurso regresivo de los ascendentes movimientos religiosos extremistas en cuanto a los derechos de las mujeres y su participación en los espacios públicos, pone serias trabas a esta lucha, como lo muestran las concurridas manifestaciones de extremistas que en 1989 interfirieron en los debates sobre el Código de Familia argelino o las continuas muestras públicas de rechazo e incluso boicoteo que los partidos y asociaciones islamistas organizaron en Marruecos durante los años previos a la aprobación del nuevo Código de la Familia en 2004.