Una vez establecidas las verdaderas dimensiones de lo que habitualmente se considera signos inequívocos de la discriminación de las mujeres magrebíes, es importante desvelar en qué aspectos radica la auténtica desigualdad.

Una de las principales causas y a la vez una de las manifestaciones más evidentes de esta desigualdad, la constituye la existencia de legislaciones discriminatorias. Aunque a primera vista podemos decir que a nivel jurídico no existe discriminación, a nivel práctico esta igualdad es ficticia ya que las mujeres tienen grandes dificultades para hacer valer sus derechos en la vida cotidiana. Esta situación se agudiza en el medio rural, donde las mujeres sufren la pobreza, el analfabetismo y una importante falta de información sobre sus derechos.

Además, la igualdad de derechos de ciudadanos y ciudadanas que recogen las Constituciones de todos los países magrebíes choca frontalmente con la coexistencia de normas específicas que regulan los aspectos referentes a la familia y el parentesco, que elevan a categoría de leyes las prácticas culturales o sociales propias de una sociedad patriarcal y patrilineal.
Así, en vez de desarrollar legislaciones y políticas tendentes a consolidar la igualdad reconocida en sus normas supremas, los Estados magrebíes han promovido unos Códigos de Familia o de Estatuto Personal cuya base es la ley islámica o sharia. En función de si los hombres que ocupan el poder político y religioso (una vez más) realizan una interpretación más o menos rigurosa e inmovilista de dicha ley, el Código será más o menos estricto en lo relativo a los derechos reconocidos a las mujeres.

Por ejemplo, mientras la mayoría de países del área mantienen el derecho de un hombre a contraer matrimonio hasta con cuatro mujeres (necesitando consentimiento o no de la primera esposa, según el país), a repudiar a la esposa, o la necesidad de un tutor o wali que represente a la mujer o autorice su matrimonio (consultando su parecer o no), una interpretación progresista de la sharia hizo que Túnez promoviera ya en 1956 un Código de Familia que abolía la poligamia y el repudio, a la vez que definía el derecho de la mujer a elegir a su propio marido, dar su consentimiento libremente a su matrimonio, e iniciar los procedimientos de divorcio. No obstante, permaneció la desigualdad en cuanto al derecho a la herencia, según el cual las mujeres reciben la mitad que los varones.

Lo cierto es que en la práctica, estas legislaciones vienen a consagrar la minoría de edad permanente de las mujeres, que como norma general deben ser tuteladas o representadas por un varón de su familia (padre, esposo o hermano) para la toma de decisiones que afectan a sus vidas (matrimonio, estudios, vida laboral, etc.).

Fuente: Confección propia

La modificación o supresión de dichos Códigos se ha convertido en una de las reivindicaciones centrales de los movimientos de mujeres en varios de los países del Magreb. En concreto, la reforma en 2004 del Código de Familia marroquí o Muddawana, con la eliminación de la obligatoriedad del tutor matrimonial, la elevación de la edad del matrimonio, la introducción de nuevas fómulas de divorcio, y la introducción de límites a la repudiación y la poliginia (la unión de un hombre con varias mujeres) ha sido entendida como un triunfo de estos movimientos y un paso importante en el camino del cambio. Argelia se encuentra en un proceso similar, si bien parece faltar en sus gobernantes la voluntad y la determinación políticas necesarias para emprender una reforma decidida de su Código de Familia que resulte favorable a las mujeres.

Pese a todo lo anterior, la evolución de las sociedades es el motor de los cambios cuando éstos no son promovidos mediante políticas de Estado. En este sentido, y a pesar del aumento del fundamentalismo religioso islámico, se observa en los últimos tiempos una evolución favorable de la opinión pública magrebí hacia una perspectiva más liberal respecto a las cuestiones de estatus personal, reclamando, por ejemplo, el derecho de la mujer a elegir a su cónyuge.

Otro de los síntomas de inequidad de género que se observa en los países del Magreb es la desigualdad de oportunidades entre sexos en el acceso a la educación y al trabajo.

Un indicador de la situación actual lo proporciona el saber qué proporción de mujeres adultas puede leer y escribir. En general, toda el área ha vivido en los últimos tiempos avances importantes en este sentido, que dejan notar sus efectos sobre todo entre las capas más jóvenes de la población femenina, fruto de las presiones internacionales para promover el acceso de las niñas a la escolarización. Por ejemplo en Libia, el esfuerzo consciente desarrollado desde 1969 por Gadafi para promover la alfabetización de su población ha arrojado frutos extraordinarios, traduciéndose en un
82 % de la población adulta (hombres y mujeres) letrada. En Argelia y Túnez los avances también son importantes, aunque más lentos. En Mauritania y Marruecos, la mitad de la población femenina adulta no sabe leer ni escribir. Pero en toda el área estas medias esconden una enorme brecha de género: en todos los países, sin excepción, existe entre un 15 y un 25 % más de mujeres analfabetas que de hombres en la misma situación.

Fuente: CIA World FactBook

El cambio dlle esta situación en el futuro pasa por el acceso a la educación de las niñas y jóvenes en el presente. Así, las perspectivas de futuro en el ámbito educativo vienen marcadas por los niveles de matriculación en enseñanzas primaria, secundaria y terciaria. En este sentido, a pesar del notable incremento en las cifras de escolarización mencionado, en lo que respecta a las niñas y mujeres magrebíes éstas continúan teniendo una clara desventaja en el acceso a la educación, principalmente en Marruecos y Mauritania.

En la enseñanza primaria sólo Argelia, Túnez y Mauritania han alcanzado casi la equiparación entre sexos. El esfuerzo realizado en los últimos años por los gobiernos se refleja en un notable incremento de menores escolarizados/as en primaria, con tasas de matriculación superiores al 95% en Argelia y Túnez. Mauritania, si bien no presenta brecha de género en este sentido, apenas supera el 72% del total de menores escolarizados. Marruecos ni siquiera es capaz de asegurar el acceso a la instrucción infantil para los y las menores, y su brecha de género en este sentido es la mayor: sólo 94 niñas matriculadas por cada 100 niños, a pesar de que el número de niñas es muy superior al de niños (el 30 % del total de la población marroquí está compuesta por mujeres menores de 15 años, frente a un 27 % de varones).

Fuente: IDH PNUD 2007/2008

Las diferencias en la secundaria y muy especialmente en la formación superior, persisten también principalmente en Mauritania y Marruecos, donde un bajísimo porcentaje de la población accede a estos niveles de estudios, siendo además quienes lo hacen mayoritariamente varones (27 mujeres por cada 100 hombres en las universidades mauritanas, frente a las 84 marroquíes). En estos países, además de la concepción tradicional de que las mujeres están destinadas a la familia y el hogar y por lo tanto su educación no es prioritaria, el factor principal que impide la continuación de estudios secundarios en las muchachas es la temprana edad de matrimonio.

Fuente: IDH PNUD 2006

Destaca positivamente la evolución en los últimos años en los casos de Argelia, Túnez y Libia, donde el porcentaje de mujeres que accedieron a educación secundaria y terciaria en 2001 es superior al de varones. En el acceso a la educación universitaria, Libia presenta los valores más positivos (61 % de jóvenes de ambos sexos van a la universidad), siendo además superior la proporción de mujeres que de hombres en las aulas universitarias (109 por cada 100 varones).

Los datos de estos países (al contrario que los de Mauritania y Marruecos) permiten un moderado optimismo respecto a la equidad de género en el ámbito educativo a futuro. Hay que tener en cuenta que la educación es la garantía más efectiva que las mujeres tienen contra el dominio de quienes quieren mantenerlas en un segundo plano, y que su educación también es decisiva para las futuras generaciones ya que una mujer educada e informada de sus derechos transmitirá a sus hijas e hijos conceptos más igualitarios, que redundarán a la larga en una sociedad más justa.

En cuanto a la situación laboral de las mujeres, la región del Magreb ostenta dos tristes récords: el de las tasas de desempleo femenino más altas del mundo (sólo 2 de cada 10 mujeres en edad de trabajar están empleadas, frente a 7 de cada 10 hombres) y el de tener la mayor brecha de género en la participación de mujeres y hombres en el mercado del trabajo (por cada 100 hombres económicamente activos hay sólo 35 mujeres).

La falta de acceso al mercado de trabajo es debida en gran medida a la concepción tradicional de que el espacio de las mujeres se reduce a lo doméstico. Esta dificultad para incorporarse al ámbito laboral impide a las mujeres contribuir directamente al ingreso familiar, dejándolas en total dependencia de los hombres, con la negativa influencia que esta tiene en el proceso de toma de decisiones en los hogares y en el cambio de las estructuras familiares de tipo patriarcal. Además, habitualmente ocurre que cuando se tolera, el trabajo de la mujer fuera del hogar es percibido como algo secundario, complementario a los ingresos del marido.

Hay que señalar además, que a pesar del importante incremento en la última década del acceso de las mujeres magrebíes a empleos remunerados y asalariados (debido en parte a la inversión en la educación de las mujeres), dicho aumento no se traduce ni en una reducción de la diferencia con los hombres, ni en un aumento de la calidad del empleo femenino. El acceso a puestos cualificados, y no digamos de toma de decisiones, sigue vedado a las mujeres: más de la mitad de las que trabajan con un empleo remunerado lo hacen en el sector servicios (servicio doméstico principalmente), aproximadamente la tercera parte en la agricultura, y en torno al 15% en la industria manufacturera o artesanal.

Además, esta estadística esconde las grandes diferencias existentes entre los diversos países, así como el hecho de que el acceso al empleo remunerado es un fenómeno predominantemente urbano en Argelia y Túnez y particularmente rural en Marruecos.

Otra de las dimensiones reales de la discriminación femenina viene demarcada por los bajos niveles de desarrollo humano⁶ en la región. Factores como las malas condiciones de vida y de trabajo, la estructura de la población, la explosión urbana y la extrema juventud de una población en constante aumento, hacen que los gobiernos de estos países no puedan garantizar las demandas sociales, económicas, educativas y laborales básicas.

Así, excepto Libia, que presenta un índice de desarrollo humano⁷ alto (debido principalmente a las elevadas rentas procedentes del petróleo y a los buenos indicadores en salud y educación), los países del Magreb son considerados por el PNUD países de Desarrollo Humano Medio (al nivel de la mayoría de países de Centroamérica y por encima de gran parte de los de África Subsahariana), si bien presentan notables diferencias entre ellos: Túnez está en el puesto 91 de 177 países analizados, mientras Mauritania está en el 137.

Fuente: IDH PNUD 2007/2008

En circunstancias de escaso desarrollo humano se agudiza el fenómeno conocido como feminización de la pobreza, que hace que las mujeres sean siempre el colectivo más perjudicado entre los pobres8, sufriendo niveles más severos de privación en las dimensiones de salud, conocimiento y renta, además de una limitación significativa de su libertad personal.

Los países del Magreb no son ajenos a esta realidad y en este sentido los datos ya mencionados sobre el déficit en educación femenina y la dificultad para acceder al mercado laboral, unidos al elevado número de mujeres solas al frente de los hogares, confirman esta tendencia.

⁶ . El Desarrollo Humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos/as a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.

⁷ El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer); Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior); y Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares).